El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció hoy a Alberto Fernández y sus funcionarios luego de que Martín Guzmán dijera en una entrevista que la cuarentena se extendió intencionalmente durante la pandemia porque "fue una bandera política que hacía más fuerte al Gobierno".

"La extensión fue más larga de lo que debió haber sido. Desde el punto de vista, dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que debía haber sido", reconoció el exministro de Economía en el programa de streaming "On the record" por el canal Cenital.

A raíz de estos dichos, Marijuan hizo la presentación que será sorteada en las próximas horas en los tribunales de Comodoro Py: "Vengo por la presente a efectuar formal denuncia contra el expresidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández y demás funcionarios de gobierno que hayan participado en las decisiones aquí develadas, ante la posible comisión del delito previsto y reprimido en el art. 248 del Código Penal de la Nación".

El delito 248 del Código Penal regula el abuso de autoridad, imponiendo una pena al funcionario público que "dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere". Esto abarca "actos u omisiones del funcionario que violan la Constitución o las leyes de una manera dolosa".

"En los hechos, los funcionarios involucrados habrían actuado de manera arbitraria y abusiva en el dictado de los actos normativos que procuraron extender el confinamiento por demás de lo que debía haber sido y a sabiendas de la información técnica con la que se contaba, todo ello para obtener un rédito político, apartándose de las normas como del fin que justifican el ejercicio de la alta función pública en la cual se encontraban", señaló Marijuan en su presentación.

Por lo tanto, solicitó como evidencia que se sume a la causa el conjunto de normas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional con motivo de la pandemia de COVID-19, referidas a las restricciones.

También se pidió al Poder Ejecutivo que reúna la información que pudiera existir en cualquiera de sus ámbitos respecto de los reclamos personales, corporativos, empresariales, sindicales y de cualquier otro tipo, público o privado, con motivo de las restricciones y/o extensiones de las restricciones.

Planteó, además, que "se llame a prestar declaración testimonial a los representantes legales y/o titulares de las distintas cámaras empresariales de las actividades más destacadas del país, tanto de la industria como del comercio, para que se explayen respecto del nivel de actividad del rubro que representan al tiempo de la pandemia y los efectos que tuvieron las restricciones en cada uno de los ámbitos que representan". En este sentido, pidió que el Indec y al Ministerio de Economía aporten datos al respecto.

Otro planteo fue la recopilación mediante la Secretaría de Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, de la información que pudiera existir relativa a datos estadísticos y datos oficiales, con respecto a la evolución de la nómina laboral pública y privada al tiempo de la pandemia.

Finalmente, propuso que el Poder Ejecutivo indique si existe algún tipo de constancia que verifique que el anterior gobierno haya solicitado encuestas tanto a organismos públicos como a entidades privadas respecto a la extensión de las restricciones por la pandemia.