Fallo histórico dictado por la Corte Suprema en favor del ex investigador Ignacio Andereggen, quien demandó al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) tras ser obligado a devolver salarios por supuesta incompatibilidad entre su labor como investigador y docente universitario. Después de veintiséis años de litigio, la Corte declaró inconstitucional un decreto de 1976 que imponía límites salariales a investigadores del CONICET con docencia. Este fallo, que podría desencadenar una serie de demandas contra el estado y obligar a revisar las condiciones laborales y salariales de los científicos en Argentina, vuelve a poner el foco sobre la gestión de la ciencia y la técnica en el gobierno de Javier Milei.

El CONICET está compuesto por alrededor de diez áreas y es reconocido a nivel internacional como un sistema virtuoso, cuyos becarios e investigadores no sólo realizan significativos aportes de utilización generalizada sino que también proveen de inventos e innovaciones a la industria, e integran equipos de investigación de excelencia a nivel internacional. Fue creado por la dictadura de Pedro Aramburu en 1958, quien desmanteló el CONITYC que impulsó Juan Domingo Perón durante su primer gobierno. Se trata de una institución que ha permitido ubicar a la Argentina en niveles destacados de la ciencia mundial, un mérito que se contradice con el proyecto de Javier Milei de destrozar la ciencia y la universidad pública, para convertir a la Argentina en un país colonial, atrasado e ignorante.

Ya desde la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, Milei prometió eliminar el CONICET, calificando a los investigadores como “parásitos” sin otros argumentos que su propia y habitual ignorancia. La institución fue fortalecida durante los años de gobierno del kirchnerismo, y al momento de asumir la presidencia Milei contaba con 28 mil empleados, entre investigadores (11.800), becarios de doctorado y postdoctorado (11.800), técnicos (2.900) y personal administrativo (1.900). De ellos, unos 10 mil tenían contratos temporales de renovación anual. Ni bien asumió, el presidente eliminó el ministerio de Ciencia y Tecnología, algo innecesario para la república bananera que se esfuerza en construir, reemplazándolo por una secretaría conducida por Alejandro Cosentino, un licenciado en administración de empresas sin experiencia en el campo científico. El CONICET, en tanto, quedó a cargo del veterinario Daniel Salamone, un especialista en clonación de animales.

La precarización laboral y la ola de despidos no se hicieron esperar. La renovación de contratos comenzó a ser trimestral o semestral y los salarios y estipendios se redujeron al ritmo de la degradación general de la sociedad argentina. Entre finales de marzo e inicios de abril, se comunicaron más de 150 despidos, acompañando el avance del plan Motosierra que dejó en la calle por entonces a unos 12 mil empleados estatales, prometiéndose que se incrementarían en los meses sucesivos a 70 mil trabajadores públicos.

La drástica reducción presupuestaria no sólo incluyó despidos y caídas significativas en los niveles de ingresos, concretando un ahogo financiero de las instituciones científicas argentinas, que debieron reducir sus insumos y gastos de mantenimiento volviendo prácticamente imposible la investigación científica.

La peor crisis en la historia de la ciencia argentina

Con determinación, Milei impuso el peor ajuste en la historia de la ciencia y la tecnología argentina, algo que ni siquiera las dictaduras más terribles se animaron a implementar, a través de despidos arbitrarios, recortes de becas y de fondos para financiar proyectos, y la falta de recursos para sostener los institutos. El temor a una nueva “fuga de cerebros”, como las que tuvieron lugar durante las dictaduras de Juan Carlos Onganía o del Proceso de Reorganización Nacional se está convirtiendo en una lamentable realidad.

De los 24 mil investigadores con que contaba el CONICET a la llegada de Milei, la gran mayoría se concentra en ciencias duras y alrededor de un 25 por ciento corresponde a las ciencias sociales. Este mismo año y en plena ofensiva destructiva del gobierno colonialista actual, el organismo fue distinguido por sexto año consecutivo como la mejor institución científica de América Latina, de acuerdo con el ranking Scimago Institutions.

El ahogo financiero al que somete Milei al CONICET es escalofriante, ya que opera con el mismo presupuesto que en 2023, sin tener en cuenta la devaluación del 50 por ciento que aplicó al asumir y los altos indicadores inflacionarios de los meses subsiguientes. Para peor, deben hacer frente a los tarifazos siniestros aplicados en los servicios de luz, gas y agua, que reducen de manera exponencial su reducida caja, y prácticamente imposibilitan la adquisición de elementos importados, como reactivos y equipos. Se hace lo que se puede, con materiales adquiridos durante gobiernos anteriores.

El desinterés del gobierno en el desarrollo científico

La experiencia internacional demuestra que todos los países que han progresado lo hicieron gracias a la inversión en ciencia y técnica, incluso aquellos con gobiernos de derecha, conscientes de su importancia para favorecer el desarrollo económico. El problema es que Milei y sus empresarios mandantes, especializados en actividades extractivistas, no demuestran interés alguno en el desarrollo argentino, sino por el contrario, en nuestra involución, para favorecer el saqueo y la enajenación de nuestros recursos, diseñaron la ley de Régimen de incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), diversos DNU y otras normas fuertemente dañinas para los intereses argentinos, con la complicidad de numerosos legisladores colaboracionistas, seducidos con contraprestaciones desconocidas.

En sus primeros meses de gestión, el gobierno de Milei eliminó las becas postdoctorales de 250 investigadores, dispuso una disminución de un 40 por ciento en las partidas para atender a la formación de nuevos científicos y un porcentaje similar de reducción para las becas postdoctorales. Esto se sumó a los 140 despidos de personal administrativo que hubo entre enero y marzo y al limbo que atraviesan los varios miles, cuyos contratos vencieron el 30 de septiembre.

Milei impulsa un proyecto de africanización de la Argentina, pero no es el único responsable. La dirigencia argentina debería dar la cara también por su silencio cómplice o su respaldo manifiesto. Así las cosas, un sistema de investigaciones virtuoso construido a lo largo de décadas corre serio riesgo de implosionar en lo inmediato, y a nadie parece importarle demasiado.