La sentencia de Casación es apelable ante la Corte Suprema, por lo cual no quedó firme y ninguna pena comenzará a ejecutarse hasta que se pronuncie esa instancia. Esto incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a la expresidenta.

Este martes, Cristina había anticipado en un comunicado que el Poder Judicial fallará en su contra "cumpliendo la orden impartida por el Grupo Clarín en la tapa publicada días después de que intentaran asesinarme en la puerta de mi casa: 'La bala que no salió y el fallo que sí saldrá'. O sea; si no me mataron, tengo que estar presa", afirmó.

La condena a seis años de prisión fue impuesta por el Tribunal Oral Federal 2 en diciembre de 2022 tras un proceso oral donde se juzgó el presunto desvío del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz en favor de empresas de Lázaro Báez entre los años 2003 y 2015.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían solicitado una pena de 12 años de prisión por entender que hubo dos delitos: administración fraudulenta y asociación ilícita. Sin embargo, el Tribunal resolvió condenar a la expresidenta, a Báez, al extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al exsecretario de Obra Pública José López a seis años de prisión por "administración fraudulenta agravada".

Además de definirse sobre las condenas, los camaristas debían resolver si dejaban en pie el decomiso de casi $85.000 millones dispuesto en el juicio oral y la absolución de tres de los acusados, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido.