La resolución de inhibir los bienes del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, surge de la causa que se encuentra investigando las extorsiones de los dirigentes sociales hacia los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, los cuales denunciaron que los obligaban a asistir a las protestas, actos políticos y marchas, además de pagar una "cuota mensual" para que no les quiten el beneficio.

El juez Casanello entendió que las investigaciones sobre Belliboni también involucran su patrimonio porque se infiere la posibilidad de desvíos de los fondos estatales que manejaba, por lo tanto la decisión fue de inhibir sus bienes, a esto se le suma que la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita solicitó el bloqueo de las billeteras virtuales.

El dirigente del Polo Obrero deberá presentarse el 26 de junio en Comodoro Py para declarar como imputado en la causa de extorsión que ya cuenta con 27 dirigentes sociales que utilizaban los comedores, cooperativas y asociaciones civiles para recibir dinero y alimentos por parte del Estado.

El expediente penal inició tras las denuncias recibidas por la Línea 134 que habilitó el gobierno de Milei para exponer situaciones de extorsión y manipulación por parte de las organizaciones sociales para que los beneficiarios asistan a las marchas y protestas para mantener activos los planes sociales.

El caso llegó al juez Casanello, inició una investigación complementaria para otorgar mayor elementos que sustenten las acusaciones, Belliboni no estaba en el primer dictamen, después de una serie de medidas de pruebas se consideró relevante su participación en los hechos investigados: "Las conductas denunciadas, sus orígenes y derivaciones, exhibe una distorsión de la noble política estatal -en defensa de los más necesitados- de la que participaban algunos actores", expresó el juez acerca del llamado al dirigente.

Para entender el rol del referente del Polo Obrero y de otras personas del mismo espacio y de la Cooperativa El Resplandor Ltda, "Habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministro de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa Potenciar Trabajo".

El juzgado llegó a la conclusión a través de la comprobación del empleo de facturación apócrifa y la "simulación de gastos no concretados, al menos, a través de las firmas Ediciones e Impresiones Rumbos SRL y Cxtex SA"

El objetivo era "Disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos", dijo Casanello de que recibían con concepto de plan Potenciar Trabajo y debía ser percibido por los beneficiarios.