La investigación de la UCA, titulada “Trazando el Camino: Privaciones Estructurales, Avances y Desafíos en los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Argentina 2010-2023″, da cuenta de las falencias básicas que tiene la población más joven del país. Se trata de una evaluación y monitoreo de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Argentina urbana durante los últimos trece años.

Desafíos de la pobreza estructural

Desde 2011 hasta 2023, se observó un aumento constante en la proporción de hogares y personas con dificultades para acceder a una canasta básica alimentaria o total, con un incremento más pronunciado en la pobreza. “El esfuerzo de los hogares y la cobertura de las políticas públicas han tenido un papel crucial en la mitigación de la pobreza, pero persisten desafíos estructurales en la economía que requieren atención, y que ejercen un fuerte impacto en las estructuras de oportunidades de los hogares y sus miembros niños, niñas y adolescentes”, señalaron desde la UCA.

El impacto de la pandemia por Covid-19 fue significativo y regresivo en muchas otras dimensiones como salud, educación, crianza, y socialización, y si bien fue difícil la reversión en los primeros años de la postpandemia, en 2023, se retorna más claramente a situaciones previas que, aunque están lejos de expresar situaciones de bienestar y efectivo cumplimiento de derechos representan mejoras relativas destacadas en algunos casos, aunque en el marco de persistentes desigualdades sociales.

Pobreza multidimensional

En el marco de los estudios, la UCA construyó un índice de pobreza multidimensional que establece un doble umbral de carencias, uno total y otro severo. “Con tal propósito, se seleccionan seis dimensiones de derechos: alimentación, saneamiento, vivienda, salud, información y estimulación/educación”, explicaron.

En términos generales, se obtuvo que el 56,3% de los niños y adolescentes fue pobre multidimensional en 2023 según el umbral total. Es decir, más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes del país sufren al menos una privación de los mencionados derechos.

Por otro lado, el 16,1% padece pobreza multidimensional en niveles severos, proporción tan alarmante como la de indigencia monetaria infantil (16,2%). Estos números eran aún más elevados al inicio del periodo analizado (2010). “En este sentido, estamos en presencia de mejoras, particularmente en la pobreza multidimensional medida de acuerdo con el umbral severo. Esto es debido a los avances en indicadores del hábitat como el hacinamiento y la calidad de la vivienda y en materia de escolarización”, indicaron.

Derecho a la alimentación

El 32,2% de los niños y adolescentes en la Argentina Urbana actual sufren inseguridad alimentaria. Es decir, no pueden acceder a alimentos nutritivos y variados por limitaciones económicas. Este índice está muy relacionado con el nivel socioeconómico: casi 1 de cada 2 niños y adolescentes pobres lo manifiesta al tiempo que, entre los no pobres, la incidencia no alcanza el 10%.

Entre 2010 y 2017, la inseguridad alimentaria ha permanecido estable en alrededor del 20% y luego ha pegado un salto importante en 2018 para alcanzar el tercio de la población infantil. Desde entonces, no ha bajado de esa cifra y tuvo un pico de 37,2% en 2020 en el contexto de la pandemia Covid-19 y el ASPO.

Los que sufren inseguridad alimentaria en términos severos representan el 13,9% en 2023. Estos declaran haber experimentado “hambre” por problemas económicos.

Derecho a la salud

El 55,8% de la población de niños y adolescentes no cuentan con obra social, mutual ni prepaga por lo que dependen exclusivamente del sistema estatal de salud para recibir atención médica.

De este 55,8%, 90% son del estrato social más bajo, 65,1% son del Conurbano Bonaerense y 65,4% son niños/as y adolescentes que pertenecen a hogares monoparentales. Por otro lado, si bien sigue siendo considerable la proporción de niños/as y adolescentes que no realizaron consultas médicas periódicas (17,3%) ni consultas odontológicas (35,9%) entre los 3 y 17 años, estos déficits se redujeron casi un 50% en comparación al año 2020.

Derecho a un hábitat digno

La vivienda debe brindar protección y servicios esenciales que son cruciales para el desarrollo infantil. Tres servicios básicos relevantes conforman el déficit de saneamiento: el tener acceso a agua corriente, contar con red de cloacas y tener inodoro con descarga. En 2023 un 39,5% padeció ese déficit, porcentaje que se mantiene bastante estable desde 2018.

Por otra parte, el déficit en las condiciones de medio ambiente alude a la presencia cercana al hogar de fábricas contaminantes, basurales, quema de basura y/o plagas. Asciende al 49,4% del total de niños y adolescentes y en los últimos años se ha incrementado a tal punto que se retrotrajo a valores cercanos al inicio del periodo en 2010.

Por último, deben mencionarse dos indicadores que aproximan otros problemas en el espacio de la vivienda. Las condiciones deficientes de construcción de la vivienda afectan al 18,7% de niños/as y adolescentes y el hacinamiento a un 18,7% y 18,4%, respectivamente.

Derecho a la educación

El 23% de los niños de 3 a 5 años se encuentran no escolarizados. La inasistencia a establecimientos de educación inicial es siempre más alta que la no concurrencia a la escuela primaria y secundaria. Sin embargo, desde 2010 se advierte una tendencia positiva en la asistencia a centros educativos en los más pequeños y que tiene la característica de ser común a todos los estratos sociales.

Por otro lado, el 82,6% de los niños y adolescentes entre 6 y 17 años asiste a una escuela de gestión estatal. En 2023, no parecen existir diferencias importantes en la cobertura de la educación primaria en comparación a la secundaria. “Donde sí se observan divergencias es entre estratos sociales. A medida que desciende el nivel socioeconómico, el desafío de cobertura por parte del Estado es mayor”, analizaron desde la UCA.