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SALUD

24 de agosto de 2025

La salud en jaque: el financiamiento se derrumba mientras los costos no paran de subir

Obras sociales universitarias y gremios en alerta: la crisis golpea a afiliados, trabajadores y financiadores, mientras el Estado sigue mirando para otro lado.

La salud argentina atraviesa una de las crisis más profundas de las últimas décadas. El sistema, sostenido históricamente por el esfuerzo de los trabajadores y por un esquema solidario, se encuentra hoy desfinanciado. La razón es tan clara como dolorosa: los salarios —principal fuente de ingresos para las obras sociales— permanecen anclados, mientras que las prestaciones, medicamentos e insumos se disparan mes a mes a valores imposibles de cubrir.

El resultado es devastador. Obras sociales universitarias que no buscan lucro sino equilibrio y bienestar para sus afiliados, hoy se ven obligadas a enfrentar déficits millonarios. La desregulación de los precios en salud y la inflación sin freno han empujado a estas instituciones a un terreno incierto, en el que el riesgo de no poder sostener la cobertura es real y cercano.

Los medicamentos de última generación, que traen esperanza a miles de pacientes, se convierten en un peso insoportable cuando no existen ingresos que los respalden. Las prestaciones médicas —internaciones, cirugías, consultas— se cotizan a valores de mercado que poco tienen que ver con la realidad de los aportes. Y el afiliado, que cumple mes a mes con su obligación, se convierte en víctima de un engranaje que lo supera: paga con esfuerzo, pero ve cómo su obra social lucha por subsistir.

En este contexto, representantes de obras sociales universitarias y de gremios como CONADU Histórica y FADIUNC ya se reunieron en el seno del COSUN, para poner sobre la mesa la preocupación común: un sistema que se ahoga lentamente y que necesita medidas urgentes para no colapsar. La conclusión fue unánime: la situación es insostenible.

No se trata de números abstractos: detrás de cada déficit hay afiliados que necesitan medicamentos, consultas, terapias; trabajadores que ven peligrar sus puestos; y prestadores que reclaman pagos que cada vez son más difíciles de cumplir. El Estado, en lugar de tomar la magnitud del problema, sigue sin brindar las herramientas financieras y normativas que devuelvan previsibilidad al sistema.



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