“La Cámara Federal de Casación Penal ha podido ejercer su función con total libertad, sin presiones políticas, para impartir la justicia que tanto las víctimas como sus familias han esperado durante décadas”, agrega el comunicado y recuerda que, desde el inicio de su mandato, el Presidente se expresó a favor de “la independencia absoluta del Poder Judicial”.

“El 10 de diciembre de 2023 terminó la era de la impunidad en la República Argentina”, cierra el mensaje.

Este jueves Casación responsabilizó a Irán y Hezbollah por los ataques terroristas cometidos contra la Embajada de Israel, en marzo de 1992, y contra la AMIA, el 18 de julio de 1994. Este fallo además calificó como un caso de “lesa humanidad” a la acometida contra la asociación mutual israelí, por lo que ahora la Argentina puede ahora demandar formalmente a Irán por los atroces actos.

Se trata de una resolución clave en el marco de la causa AMIA, cuyo atentado cumplirá 30 años. La sentencia fue dictada por los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma, quienes establecieron que el ataque a la AMIA fue organizado, planificado, financiado y ejecutado por integrantes de organizaciones que reportan orgánica, funcional e ideológicamente a un Estado (como es el caso de Hezbollah).

El escrito contiene una fuerte exhortación a los jueces a cargo de las causas conexas a que se avance con mayor celeridad, puesto que todavía continúan en trámite. En simultáneo, los magistrados invitaron al Poder Ejecutivo y al Congreso a definir políticas públicas vinculadas a la instauración del proceso en ausencia, la creación de agencias federales de investigación para delitos complejos como el terrorismo, así como la modernización y dotación de mayores recursos para el análisis de la información de inteligencia que fue desclasificada, proceso que aún casi 30 años después no ha concluido.

Esta resolución surge tras el pedido de revisión de la absolución de Carlos Telleldín, el hombre que se convirtió en el primer detenido en la causa. Sin embargo, Casación ratificó esa decisión y alegó que la camioneta que Telleldín vendió no fue la que se usó como “coche-bomba y no se cuenta con pruebas suficientes que lo vinculen con su armado”.